En dicho documento, se explica que las organizaciones no gubernamentales, tendrán que suministrar información completa acerca de sus actividades.
La cronología de sucesos ha indicado que el gobierno empezó a solicitar el requisito; debido a las continuas quejas provenientes de ONGs y activistas por los derechos humanos, que aseguraban recibir acoso por parte de organismos de seguridad nacional.
El ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, no ha emitido consideraciones al respecto. Sin embargo, ante las acusaciones provenientes de las ONG y las asociaciones para el cumplimiento de los derechos humanos; el presidente alega ser el foco de una campaña difamatoria, orquestada desde el extranjero.